El Ministerio de Hacienda de Costa Rica se vio obligado a suspender la desactivación de ATV (sistema de Administración Tributaria Virtual) la noche del 18 de julio, apenas minutos antes de su cierre programado a las 11:45 p.m. La medida, que habría sumido a miles de contribuyentes en un «apagón digital» de 17 días, fue frenada por una contundente «medida cautelar provisionalísima» dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo.
La intervención judicial se produjo tras una acción legal interpuesta por la Diputada Johana Obando, quien argumentó con éxito que la inhabilitación del sistema de consulta de situación tributaria causaría un «perjuicio grave» a los ciudadanos. La jueza que emitió el fallo destacó la «extrema urgencia» de la medida, señalando que la imposibilidad de consultar la situación tributaria podría impedir a los contribuyentes obtener certificaciones y constancias de obligaciones fiscales esenciales para trámites tan vitales como participar en licitaciones públicas, acceder a exoneraciones, solicitar permisos municipales o tramitar créditos bancarios.
¿Cuál era el plan original de hacienda?
El plan original de Hacienda contemplaba un «apagón digital» desde el 18 de julio hasta el 3 de agosto, un período crucial para la migración de datos de ATV y otros sistemas heredados a la nueva plataforma TRIBU-CR, cuya activación inicial estaba prevista para el 4 de agosto. Durante este lapso, servicios clave como TRAVI, SIC, EDDI 7, Declara 7 y DeclaraWeb también habrían quedado inaccesibles.
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El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó la suspensión la misma noche del viernes, acatando la orden judicial. Aunque reafirmó el compromiso del Ministerio con la implementación de TRIBU-CR y el proyecto «Hacienda Digital», Acosta reconoció que esta interrupción «genera retrasos y costos adicionales» y podría obligar a ajustar el cronograma de la nueva plataforma.
Ante esta situación, las autoridades han revertido sus instrucciones previas y aconsejan a los usuarios «seguir utilizando ATV con normalidad para sus trámites y consultas». El Colegio de Contadores Públicos, por su parte, ha declarado que acatará los lineamientos de Hacienda, enfatizando la importancia de asegurar un «sistema estable durante la transición».
Este episodio subraya la delicada balanza entre la modernización tecnológica del Estado y la necesidad imperante de garantizar la continuidad y accesibilidad de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Mientras Hacienda busca optimizar la recaudación y el control fiscal con TRIBU-CR, un proyecto que se extenderá hasta 2028, la justicia ha recordado que los derechos de los contribuyentes no pueden ser «congelados» en el proceso.
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¿Qué viene ahora?
A pesar del contratiempo judicial, el Ministerio de Hacienda ha reafirmado su compromiso inquebrantable con el proyecto «Hacienda Digital» y la implementación completa de TRIBU-CR. El Ministerio sostiene que el nuevo sistema es esencial para «modernizar la gestión tributaria en el país, beneficiando a los contribuyentes».
La fase inicial de TRIBU-CR, está diseñada para activar módulos críticos. Estos incluyen la Oficina Virtual (OVI) para el acceso a servicios, Declaraciones y Pagos, la integral Cuenta Integral Tributaria, Comunicaciones y Notificaciones, el Registro Único Tributario, la Consulta Integral Hacendaria, el Expediente Electrónico, el Gestor Documental y el facturador digital «Tico Factura» (que estará disponible a partir del 1 de septiembre).
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Desde la perspectiva de Hacienda, TRIBU-CR es una herramienta vital para «optimizar la recaudación y el control fiscal». Se espera que proporcione capacidades avanzadas, como análisis de datos casi inmediatos, lo que facilitará auditorías más rápidas y una detección más eficiente de inconsistencias en las declaraciones y pagos de impuestos.
El desafío más inmediato y apremiante para Hacienda era «valorar si la medida implicará un cambio en el cronograma» para el lanzamiento de TRIBU-CR y su posterior implementación por fases. El Ministro ya ha reconocido la probabilidad de «retrasos y costos adicionales», lo que requerirá una gestión cuidadosa y, potencialmente, reasignaciones presupuestarias.
Aunque el «congelamiento» de la «Situación Tributaria» fue suspendido, la necesidad fundamental de migrar grandes volúmenes de datos de ATV y otros sistemas heredados a TRIBU-CR persiste. Hacienda debe asegurar que esta migración de datos críticos (por ejemplo, créditos fiscales, deudas, declaraciones, información del RUT) sea meticulosamente precisa y completa, garantizando particularmente que «solo se trasladarán aquellos créditos fiscales que estén correctamente declarados y no presenten inconsistencias».
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Con base a dicho contexto el 28 de julio el Ministerio de Hacienda anunció que la salida de TRIBU-CR se postergará al 6 de octubre de 2025. Lea el detalle de este aplazamiento en nuestro editorial: Ministerio de Hacienda aplazó la fecha de lanzamiento de TRIBU-CR en Costa Rica.
A pesar de la promesa de un sistema más simple, «todo cambio conlleva una curva de aprendizaje». Hacienda necesita implementar mecanismos de soporte robustos, programas de capacitación integrales y estrategias de comunicación claras para facilitar la adopción generalizada por parte de los usuarios. Esto incluye educar a los contribuyentes sobre los nuevos métodos de autenticación (por ejemplo, códigos de teléfono y correo electrónico que reemplazan la tradicional Tarjeta Inteligente Virtual (TIV)).
La intervención judicial, aunque en última instancia protegió los intereses de los contribuyentes, pudo haber introducido inadvertidamente un grado de escepticismo o incertidumbre con respecto a las capacidades de gestión de proyectos de Hacienda y su consideración del impacto público. Reconstruir y mantener una fuerte confianza pública a través de una comunicación transparente y una transición fluida y confiable será un desafío crítico y continuo.
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