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ToggleEn Costa Rica, no todo caso de evasión de impuestos constituye un delito penal. La mayoría de infracciones tributarias se sancionan por la vía administrativa (multas y recargos). Sin embargo, existen casos extremos de evasión fiscal que cruzan la línea y pasan a ser considerados delito de defraudación fiscal.
La Ley de Delitos Tributarios (artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios) tipifica el fraude a la Hacienda Pública para penalizar a quienes cometen una evasión grave y deliberada.
A continuación, explicaremos cuándo la evasión fiscal se configura como delito, cuáles son los criterios legales (umbral de monto defraudado, intencionalidad, etc.) y presentaremos ejemplos ilustrativos de estas situaciones.
¿En qué se diferencia la evasión fiscal de la defraudación fiscal?
Evasión fiscal es un término amplio para referirse al incumplimiento de obligaciones tributarias (no pagar impuestos, ocultar ingresos, etc.). Toda defraudación fiscal implica evasión, pero no toda evasión llega a ser defraudación fiscal. La diferencia principal es cuantitativa y penal: la defraudación fiscal es la evasión agravada que supera el umbral legal (500 salarios base) y se realiza con intención dolosa, lo que la convierte en delito.
En cambio, la evasión por montos menores (o por negligencia sin intención probada) se maneja como infracción administrativa con sanciones económicas, no penales.
¿Cuándo se configura el delito de defraudación fiscal?
La legislación costarricense establece criterios específicos para distinguir una simple evasión de un delito fiscal. En particular, el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) (modificado por la Ley de Delitos Tributarios) indica que se comete fraude a la Hacienda Pública (defraudación fiscal) cuando un contribuyente, con dolo o intención de obtener un beneficio, deja de pagar tributos u oculta sumas que debía enterar al fisco, siempre que el monto defraudado exceda cierto umbral.
¿Cuál es el monto mínimo para que la evasión fiscal sea delito en Costa Rica?
Actualmente, ese umbral legal está fijado en 500 salarios base. En términos prácticos, esto equivale aproximadamente a ₡230.000.000 (ya que un salario base para 2025 se define en ₡462.200).
Tip Alegra: Solo las evasiones de gran cuantía pueden perseguirse penalmente como defraudación fiscal. Por debajo de ese umbral, el evasor enfrentará sanciones administrativas (multas de Hacienda, cobro de intereses y posibles recargos), pero no cárcel.
Por encima de ese límite, la evasión se considera lo suficientemente grave como para ser delito.
¿Qué conductas configuran el delito de defraudación fiscal?
Este delito abarca diversas conductas fraudulentas, por ejemplo:
- Evadir el pago de tributos propios deliberadamente (no declarar ingresos, falsear deducciones, etc.).
- No ingresar montos retenidos a terceros que se debían pagar al fisco (p. ej., no remitir al Estado las retenciones de impuestos salariales o de ventas).
- Obtener devoluciones indebidas o disfrutar de beneficios fiscales improcedentes mediante engaños (p. ej., reclamar créditos fiscales falsos o exenciones sin derecho).
- Contemplar transacciones con proveedores ficticios o empresas de papel, lo cual constituye una práctica ilegal y fraudulenta que tiene como objetivo obtener beneficios fiscales o económicos ilícitos, por ejemplo, comprar facturas a proveedores inexistentes.
Si cualquiera de estas acciones fraudulentas supera el umbral de los 500 salarios base en perjuicio del fisco, se configura el delito de defraudación fiscal, penado con prisión de 5 a 10 años según la ley. Vale destacar que la norma exige intención (dolo); es decir, no se castiga penalmente un error tributario involuntario, sino la evasión intencional y cuantiosa.
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Ejemplos de casos extremos de evasión fiscal
Para comprender mejor la aplicación de esta ley, veamos ejemplos de situaciones extremas que califican como defraudación fiscal en Costa Rica:
- Ejemplo hipotético (umbral justificado): una empresa oculta ingresos y deja de pagar ₡250.000.000 en impuestos. Dado que ₡250.000.000 exceden el umbral (₡230.000.000 en 2025), Hacienda podría denunciar penalmente a los responsables por defraudación fiscal. En cambio, si la evasión hubiera sido, digamos, de ₡50.000.000 (por debajo del umbral), se habría limitado a una multa y cobro administrativo, sin proceso penal.
- Ejemplo real (caso bancario): a inicios de 2023, el Ministerio de Hacienda reveló un caso donde una entidad ligada a un banco costarricense defraudó aproximadamente ₡11.000.000.000 mediante maniobras financieras para eludir impuestos. Este monto colosal (casi 50 veces el umbral legal) llevó a que Hacienda remitiera el caso a la Fiscalía para investigación penal por fraude fiscal. De hecho, las autoridades anunciaron que toda posible defraudación superior a ₡230.000.000 millones será judicializada por la vía penal.
En el caso citado, la empresa utilizó una triangulación de fondos con una sociedad en Panamá para crear un “escudo fiscal” y evitar pagar impuestos en Costa Rica. Estas artimañas son claramente evasiones dolosas de gran escala, exactamente lo que la ley busca sancionar con cárcel.
- Ejemplo real (otros grandes contribuyentes): otros casos bajo investigación incluyen empresas que habrían evadido sumas millonarias mediante mecanismos como subdeclaración de ventas, pago de remuneraciones en el extranjero (como se alegó en un caso contra una cooperativa conocida) o uso indebido de exenciones.
Por ejemplo, en años recientes gran cantidad de denuncias por fraude fiscal involucran a grandes contribuyentes y suman miles de millones de colones evadidos. En varios de estos procesos, las compañías acusadas han optado por conciliar con el Estado pagando el impuesto debido, los intereses, las multas y un recargo adicional (aproximadamente un 30% por “daño social”) para reparar el daño y así evitar ir a juicio.
Esto último es posible gracias a figuras legales de arreglo contempladas en la legislación costarricense, pero solo procede una vez reconocida la culpa y cubierto el monto defraudado.
Estos ejemplos ilustran que la defraudación fiscal abarca casos excepcionales por su monto o sofisticación. La mayoría de contribuyentes nunca incurrirá en montos tan altos; pero para las empresas o individuos que sí lo hagan, el riesgo ya no es solo una sanción económica, sino incluso la pérdida de libertad mediante penas de cárcel.
Responsabilidad solidaria del contador
El contador público o privado puede ser considerado responsable solidario por la deuda tributaria derivada de un delito de defraudación fiscal si se comprueba que participó activa e intencionalmente en la comisión de dicho delito, pudiendo la Administración Tributaria exigirle el pago total de la obligación tributaria defraudada, incluyendo intereses y sanciones.
Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad, no es automática. Para que un contador sea declarado responsable solidario por defraudación fiscal, generalmente se debe demostrar su participación activa y dolosa (intencional) en la maniobra fraudulenta. Esto puede incluir:
- Asesorar, planificar o ejecutar esquemas para evadir impuestos.
- Preparar o certificar estados financieros o declaraciones de impuestos a sabiendas de que contienen información falsa u omiten datos relevantes.
- Colaborar en la ocultación de ingresos o en la creación de gastos ficticios.
- Actuar con negligencia inexcusable que facilite la defraudación (aunque la línea entre negligencia grave y dolo puede ser fina y sujeta a interpretación judicial).
Además de la responsabilidad solidaria por la deuda tributaria, un contador involucrado en defraudación fiscal puede enfrentar:
- Sanciones profesionales: suspensión o cancelación de su licencia por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
- Responsabilidad penal: la defraudación fiscal puede ser un delito penal, y si se demuestra la participación del contador, podría enfrentar cargos criminales con penas de prisión.
Tip Alegra: La alerta temprana de indicios de evasión fiscal es una tarea ineludible para todos los involucrados en la gestión fiscal del negocio.
¿Qué beneficios específicos ofrece Alegra para evitar la evasión fiscal?
Para contadores y asesores fiscales, es vital distinguir entre infracciones tributarias y delitos. Esto les permite advertir a sus clientes sobre los riesgos de la evasión fiscal agresiva. Promover el cumplimiento voluntario beneficia al contribuyente, al fisco y a la sociedad, ya que evita sanciones penales y asegura una recaudación justa.
Contar con un software contable como Alegra es crucial para evitar la evasión fiscal y los delitos de defraudación. Alegra ofrece una plataforma en la nube que permite gestionar contabilidad, facturación electrónica y control de inventarios de manera eficiente, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.
Al utilizar Alegra, las empresas pueden automatizar reportes contables y mantener un registro preciso de sus transacciones, lo que reduce significativamente el riesgo de errores o manipulaciones que podrían llevar a la evasión fiscal.
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